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La Iglesia tiene la responsabilidad de gestionar bien los recursos económicos

El patrimonio de la Iglesia es el patrimonio de los cristianos, de toda la familia cristiana porque han sido ellos los que, generación tras generación, han ido entregando a la Iglesia lo más valioso y lo mejor para gloria de Dios, para que todos los cristianos pudieran disfrutarlo y para que la Iglesia lo custodiara.

La Iglesia debe esforzarse en hacer rentables y útiles los bienes que ha recibido. Es su responsabilidad y su obligación, y siempre desde el cumplimiento de la moral católica. Los recursos que la Iglesia puede invertir provienen, fundamentalmente, de dos vías:  

  • Muchos resultan ser del capital permanente de fundaciones que dependen, precisamente, del rendimiento de dicho capital, cuyo funcionamiento proviene del rendimiento de dichos capitales. Además, es que este dinero, sea mucho o poco, muchas veces no puede ser aplicado a otra finalidad que no sea la fundacional.
  • En otros casos, los recursos se encuentran transitoriamente en la Administración diocesana para hacer frente a distintas inversiones (construcción de templos, residencias, centros de formación, etc.), o para atender obligaciones futuras (por ejemplo, en el momento de la jubilación, los sacerdotes únicamente perciben la pensión mínima fijada por ley).

Este es el destino del dinero de la X a favor de la Iglesia en el IRPF

El dinero lo recibe la Conferencia Episcopal Española que lo reparte mensualmente a las distintas instituciones de la Iglesia, principalmente, a las 69 diócesis españolas.

Los criterios de reparto son aprobados por la Asamblea Plenaria de los obispos en función de muchos criterios (población, número de cristianos, número de sacerdotes, extensión de la diócesis, etc.).

Además, la Conferencia Episcopal Española presenta todos los años la Memoria de Justificativa de Actividades ante la Dirección General de Asuntos Religiosos que depende del Ministerio de Justicia. La mencionada Memoria de Actividades es una condición impuesta por el Estado a la Iglesia como condición necesaria en la manera actual del Sistema de Asignación vigente desde diciembre de 2006.

Las congregaciones religiosas no participan de dicho reparto.

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