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Las diócesis son las distintas demarcaciones de la Iglesia en España

La Iglesia Católica en España se divide territorialmente en 70 diócesis (69 diócesis territoriales y una diócesis castrense): «Donde se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo» (Concilio Vaticano II). Las diócesis están divididas en parroquias. Cada diócesis está presidida por un obispo u arzobispo con la cooperación de los sacerdotes. De ellas dependen un total de 22.795 parroquias que son atendidas por más de 9.000 sacerdotes.

Cada una de las diócesis españoles, que además en su gestión son órganos autónomos, obtiene recursos fundamentalmente de tres formas: 1. Aportaciones directas de los fieles (suscripciones, colectas, donativos, etc.). 2.ª Fondos recabados de administraciones públicas y que nos hablan de la legítima colaboración entre el Estado y la Iglesia. 3.ª La gestión que cada diócesis hace de su Patrimonio.

Además, la X a favor de la Iglesia del IRPF no es aportación ni subvención del Estado a la Iglesia porque ese dinero para que llegue a la Iglesia depende de la voluntad libre del contribuyente.

La Iglesia no recibe ninguna cantidad de los Presupuestos Generales del Estado

La Iglesia no recibe ninguna cantidad de los Presupuestos Generales del Estado a pesar de que todavía el 40% de los españoles piensa que sí, que el Estado pasa una cantidad determinada a la Iglesia. Hace ya años que no es así.

La cantidad que la Iglesia recibe depende en exclusiva de la libertad de los contribuyentes al marcar la X a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Es más, la cantidad que aparece en los Presupuestos Generales del Estado -algo más de 13 millones al mes- son pagos a cuenta en función del resultado a favor de la Iglesia en el IRPF.

El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 establece que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa» (art. II.1). Cooperación y colaboración no es financiación directa ni subvención.

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