¿Privilegios? Más bien derechos

En la era de las 'fake news' es muy común encontrar todo tipo de proclamas donde se acusa falsamente a la Iglesia de tener privilegios. Yo propongo un ejercicio: cambiemos el paradigma y miremos la situación desde otro punto de vista. ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano cristiano?

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En la era de las 'fake news' es muy común encontrar todo tipo de proclamas donde se acusa falsamente a la Iglesia de tener privilegios. Yo propongo un ejercicio: cambiemos el paradigma y miremos la situación desde otro punto de vista. ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano cristiano?

El derecho a la asistencia religiosa

La libertad religiosa y de culto es un derecho humano universal, y la Constitución lo recoge en el artículo 16. Es, por tanto, obligación del Estado poner todos los medios a su alcance para garantizar la atención religiosa a enfermos y encarcelados, independientemente de la religión que estos profesen. En virtud de esta obligación, Iglesia y Estado firmaron en su día dos acuerdos para garantizar el derecho a la asistencia religiosa católica en cárceles y hospitales.

El derecho a aportar al bien común

Únicamente con su labor caritativa en España la Iglesia asiste a más de cinco millones de personas. Esta labor es posible gracias a los miles de voluntarios que ofrecen importantes cantidades de tiempo y recursos. Todo ciudadano que colabore de esta manera tiene derecho a solicitar al Estado que la Iglesia tenga la misma consideración fiscal que todas aquellas organizaciones con una labor equiparable. Asociaciones, fundaciones, federaciones, ONG... Instituciones sin ánimo de lucro que aportan al interés general con su labor, y que están reguladas fiscalmente por la Ley de Mecenazgo 49/2002. La Iglesia también se rige por esta normal en igualdad de condiciones, si privilegios.

El derecho a la libertad de educación

La educación libre es otro derecho fundamental reconocido en la Constitución. El papel que el Estado se otorga es simplemente un papel subsidiario: reconoce el derecho de los padres a la elección y la participación en la gestión de la educación de sus hijos. Esa subsidiariedad del Estado en la educación implica que debe ser la sociedad la que tenga la iniciativa en la oferta educativa y sea el Estado quien debe llegar allí donde otros no llegan. Por tanto, la educación concertada por iniciativa de la Iglesia, cooperativas o empresas deberían ser la normal. Tenemos el derecho de elegir la educación que queramos para nuestros hijos, y el Estado la obligación de garantizar ese acceso.

Libertad para elegir el destino de mis impuestos

Que el Estado ofrezca posibilidades de elección del destino de mis impuestos es una buena noticia. La Asignación Tributaria a la Iglesia y a otros fines sociales, elección libre y voluntaria, es una sana práctica democrática. Incluso podría extenderse a otras áreas, abriendo a la decisión de todos el camino que debe tomar el desarrollo de nuestra sociedad. De entre todos los modelos europeos, la Asignación Tributaria que tenemos en este país es la que más respeta la voluntad de sus ciudadanos. La Iglesia únicamente recibe dinero de la cantidad que libremente han decidido los contribuyentes asignarle. El Estado no aporta nada más.

Que el Estado vele por el respeto de los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos, sean minoría o mayoría, no debería ser objeto de discusión; sin embargo, se pone permanentemente en cuestión el sano marco de colaboración entre la Iglesia y el Estado, tachándolo erróneamente de privilegio. De igual forma, es una obviedad que el derecho de unas personas está limitado por el derecho de otras; pero se pone en duda a diario la necesidad de respetar las creencias de todos, también la de los cristianos. Cristianos que, sin una explicación razonables, estamos siempre en el punto de mira de una sociedad que olvida que yo también tengo derechos; los derechos de ser ciudadano y cristiano.

CHEMA MARTÍNEZ-PRIEGO
CEO de Rommerl & Montgomery

 

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