La Iglesia está recibiendo lo que los contribuyentes deciden al marcar libremente la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Libertad y democracia. De todos los países europeos, la relación entre el Estado Español y la Iglesia católica es la más sana, plural y respetuosa de todas. En Italia, de todos aquellos que no marcan ninguna opción, el dinero se reparto proporcionalmente entre todas las confesiones religiosas. En España, de aquellos que no marcan la casilla, ningún dinero va para la Iglesia. En muchos países europeos existen grandes cantidades de asignación directa para la Iglesia. En España, desde 2007 no existe ninguna asignación en los Presupuestos Generales del Estado para la iglesia católica y tampoco con ningún otro mecanismo. En Francia, adalid del laicismo, desde la Revolución Francesa los edificios religiosos pertenecen al Estado, pero es el propio Estado el único responsable de conservarlos, restaurarlos y mantenerlos, aunque el uso es para la Iglesia católica. No sucede eso en España que, aunque existe colaboración de las administraciones públicas en la conservación del patrimonio, sin embargo, la Iglesia es la que está saliendo al frente tanto económicamente como en la gestión de la conservación.
Nada de privilegios, por tanto. Por mucho que se empeñen, hoy por hoy, no rigen los Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979 para ningún aspecto ni ámbito. La Iglesia se rige y está obligada por la Ley de Mecenazgo de 2002 exactamente igual que otras tantas instituciones, fundaciones o asociaciones. Entre ellas, todas las ONG. El Estado considera que todas ellas suponen un gran beneficio social.
