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La Iglesia se somete al régimen de revisión establecido por el acuerdo entre el Gobierno español y el Estado Vaticano. 

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Como la Iglesia no recibe partida alguna de los Presupuestos Generales del Estado, no está sujeta al régimen fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

En cambio, ajustándose al citado acuerdo, la Iglesia presenta anualmente una extensa Memoria económica y de actividades ante el Tribunal de Justicia -que regula las relaciones entre el gobierno español y la Santa Sede- donde se detalla el destino de los recursos que los contribuyentes asignan libremente a la labor de la Iglesia. Esta Memoria es actualmente auditada por PriceWaterhouseCoopers (Pwc), auditoría de máximo prestigio.

La publicación de la Memoria económica y de actividades es uno de los puntos centrales del convenio entre la CEE y Transparencia Internacional. Dicha memoria puede consultarse en el Portal de Transparencia de la CEE o en el portal para el sostenimiento económico de la Iglesia, Portantos.es. Esta memoria se publica anualmente en versión resumida y con gráficos y porcentajes aclaratorios. 

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