La Iglesia no recibe ninguna cantidad para su sostenimiento de los Presupuestos Generales del Estado a pesar de que todavía el 40% de los españoles piensa que sí, que el Estado pasa una cantidad determinada a la Iglesia.
Hace ya años que no es así. Por tanto, la financiación de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos fundamentalmente al marcar la X de la Iglesia en la Declaración de la Renta y por donativos, suscripciones, colectas, etc.
La cantidad que la Iglesia recibe depende en exclusiva de la libertad de los contribuyentes al marcar la X a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Es más, la cantidad que aparece en los Presupuestos Generales del Estado -algo más de 13 millones al mes- son pagos a cuenta en función del resultado a favor de la Iglesia en el IRPF.
El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 establece que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa» (art. II.1). Cooperación y colaboración no es financiación directa ni subvención.
