Cada cierto tiempo, sale a la luz una campaña en contra de marcar la casilla de la Iglesia y la casilla de Otros fines sociales de la Declaración de la renta. Esta propaganda tiene como único propósito extender el mantra de que las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos, como “el resto de las organizaciones sociales”.

Sobre la autofinanciación, resulta muy curioso proclamarlo cuando nadie saca a relucir que el resto de confesiones religiosas reciben asignación directa desde la fundación pública «Pluralismo y Convivencia». La Iglesia católica está sometida anualmente a referéndum de la casilla en la Renta mientras que las otras confesiones religiosas reciben ayuda directa.¿Os imagináis el dinero que tendría que pagar el Estado a la Iglesia en función de su contribución a la sociedad y al número de bautizados? Pero tampoco hay que buscar la confrontación con otras confesiones religiosas.  

Y acerca de los impuestos y el resto de organizaciones sociales, la fiscalidad de la Iglesia se rige por la Ley de Mecenazgo 49/2002. A esta ley también se acogen los partidos políticos, la comunidad Islámica, las ONG, las federaciones deportivas, la Iglesia Evangélica, los sindicatos, el Instituto Ramón Llull, las fundaciones, la comunidad Judía, el Comité Olímpico Internacional y el Paraolímpico, las reales academias… Es decir, la Iglesia no tiene absolutamente ningún privilegio con respecto al resto de entidades de fines sociales.

En el fondo se trata de enclaustrar lo religioso en el ámbito de lo privado y tenemos que pedir, una y otra vez, el respeto necesario para todas las inquietudes que pueda haber para todas las sensibilidades en el ámbito democrático en el que vivimos. Marca la casilla de la Iglesia quien quiere; colabora con la Iglesia quien quiere.

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